Es indudable que en
cualquier estado moderno la política de salud es, y debe ser uno de los
acápites importantes de cualquier plan de gobierno, y debe ser por definición del
concepto de república una sola e igual para toda la población, sin distinción
de estratos sociales, en el marco de un sistema solidario e integrador.
En el contexto actual, y
ya desde hace muchos años el sistema de salud argentino ha dejado de ser un
sistema que contenga todas las características anteriores, debido a una serie
de continuas deformaciones que terminaron por desdibujarlo como sistema y
convertirlo en una caótica forma de prestaciones más o menos eficientes
dependiendo de la capacidad económica del prestador o del beneficiario.
Esto ha provocado que
tengamos una salud de primera, segunda, tercera, o cuantas categorías se nos
ocurran, dependiendo que tan económicamente poderosa sea la obra social o
prepaga a la que aporte el beneficiario.
En el último escalón de
las prestaciones quedan, por supuesto aquellos que por su grado de
desprotección deben acceder a las prestaciones de menor nivel, casi siempre a
cargo del estado.
El sistema que se adoptó
en nuestro país, ha girado peligrosamente hacia la mercantilización de la
medicina, y a la corporativización, provocando todo tipo de desigualdades
posibles en materia de prestaciones, y muchas veces lo que diferencia una
prestación de “alto nivel”, es solamente una diferencia en la hotelería de los
establecimientos, o un mejor marketing profesional, y no necesariamente un
mejor servicio.
En los estados que mejor
han sabido ordenar y administrar correctamente las políticas de salud, muchos
partiendo del sistema Beveridge, mostrado y defendido como uno de los logros más
importantes del estado Inglés, modificándolo y generando estructuras aún más
eficientes e integradoras en el ámbito de la Salud Pública, como los países
Nórdicos, Euskadi y Navarra.
En Euskadi en Particular
pude ver funcionando el Osakidetza (Servicio Nacional de Salud de Euskadi), que
se encuentra hoy dentro de los seis mejores servicios de salud europeos, cuyas
característica es principalmente el trato igualitario en materia de Salud, y en
conversaciones con algunos Ciudadanos Euskeras, se percibe como un sistemas
altamente eficiente, y prestigioso, cuyos servicios son excelencia, en un nivel
superior al de la medicina privada.
En nuestro país, en los
comienzos se adoptó este sistema, con una diferencia fundamental, el estado
dictatorial de Onganía concedió a los sindicatos, manejados por Vandor, el
manejo de las Obras Sociales, dividiendo el sistema, en tantas obras sociales
como gremios hay, y luego en los 90, otro estado liberal secundado por la
estructura sindical, habilitó la participación, desregulación mediante, del
sector privado en el sistema nacional.
Esto derivó en odiosas
diferenciaciones de nivel prestacional, creándose un sistema que permitió que
hubiese medicina para pobres, en dudosas condiciones, y medicina para ricos,
que, a la luz de las últimas noticias, también es en dudosas condiciones.
Lo que si queda claro es
que el nivel profesional y científico del hospital público en general, es el más
alto de todo el sistema de salud, y que fundamentalmente las cuestiones
sanitarias más complejas se resuelven dentro del sector público.
Es de público
conocimiento que las obras sociales sindicales, han servido como fuente de
financiación de campañas políticas, o han contribuido a incrementar el poder
económico de muchos dirigentes, desviando fondos, que deberían haber sido
utilizados exclusivamente en la cobertura de salud de sus afiliados, lo que ha estrangulado
económica y financieramente al sistema, sumado a la sobrefacturación que se ha
detectado que existe en muchos casos, hasta el punto que existen organizaciones
privadas que ofrecen sus servicios de facturación, incluso a hospitales
públicos, a cambio de una comisión porcentual por incrementar los valores
facturados a las Obras Sociales.
Si a esto sumamos que en
este esquema de multiplicidad de instituciones, dentro de la estructura de
costos de las obras sociales, el gasto administrativo es alarmante con relación
a la inversión en prestaciones destinadas a sus afiliados, lo que lo convierte
en un esquema realmente explosivo que ha sumido en un desastre financiero a la
mayoría de las obras sociales, hasta el punto que, con excepción de aquellas
que por volumen de afiliación, son económicamente poderosas, muchas obras
sociales de menor envergadura no cubren con las obligaciones económicas
asumidas con sus prestadores, cayendo en niveles de atraso de pago, inviables
en cualquier economía.
A esto debemos sumar la
voracidad económica de muchos establecimientos y organizaciones privadas, cuya
única finalidad es la de obtener grandes ganancias, aún a costa de disminuir la
calidad de las prestaciones a los pacientes.
Este sistema se ha
convertido en un mecanismo perverso, que tiene aprisionado en el medio toda una
masa de ciudadanos que necesita soluciones de salud, a las que no puede
alcanzar, por sus propios medios.
Cuando Beveridge, en su
informe afirmaba que a partir de un aporte, semanal en el caso inglés, podía
solventarse un servicio de salud que abarcara igualitariamente a toda la
población inglesa, brindando una atención igualitaria, poniendo al estado en la
posición de organizador y administrador, en ningún momento pensó en un sistema
tan descabellado como el argentino, sino en sistema organizado racionalmente,
donde el estado asumiera su rol protector de la salud de sus ciudadanos.
Ahora creo que nuestro
sistema de salud, parece herido de muerte, y no hay en el horizonte una luz que
indique que este túnel tiene una salida, por lo menos visible.
Es por esto que es
necesario que se reorganice todo el sistema y se elimine gradualmente el
actual, integrando obras sociales, débiles en términos económico, con aquellas
de mayor solvencia, y gradualmente absorbiendo todas dentro de un sistema
nacional, terminando por federalizar el sistema, creando una estructura que
parta desde la atención primaria de salud, hasta la mayor complejidad creando
un paraguas bajo el cual se cobije a toda la población.-
En la escala de atención
desde el 1er nivel hasta alta complejidad, el sistema debe integrar en el
primer y segundo nivel a la salud pública municipal, es decir, los centros de
atención primaria, y los hospitales locales, que deben ser municipales, que constituyen
una estructura más eficiente y de respuesta rápida, la estructura provincial administrando
los centros regionales y de alta complejidad, y los nacionales, funcionando
como centros de investigación, especializados.
En mi opinión inexperta,
esta es la única forma en la que puede ser posible tener un sistema de salud no
solo financiera y económicamente bien administrado, sino que permitiría que
mejorar sensiblemente los centros hospitalarios, permitiendo crear servicios de
excelencia, dentro de la organización pública.
¿Qué pasa entonces con el
sector privado?, pues bien deberá existir la posibilidad de optar entre el
sector privado y el sistema público, teniendo siempre en cuenta que el sector
privado, no puede ser subsidiado por el estado, y que sus asociados deben
contribuir solidariamente con el sistema oficial, con una parte de su aporte.
El problema de establecer
un sistema nacional integrado es el de siempre en nuestro país, como se administra,
en este caso debe crearse un fondo de reserva destinado a la inversión en
salud, administrado por un concejo ajeno a las necesidad del equilibrio fiscal
del estado, que invierta inteligentemente permitiendo capitalizar las
inversiones ampliando su capacidad financiera.
Las permanentes
deformaciones del sistema de salud, provocadas a través del tiempo, en tratando
de mercantilizar el sistema, o proponiendo soluciones antojadizas, que lejos de
contribuir a la integración y solucion de los problemas de salud de la
población, para lo único que ha servido es para generar empresarios
inescrupulosos, dirigentes afortunados, y administraciones corruptas.
Creo sinceramente que va
siendo hora de comenzar a discutir la salud pública, seriamente, y de diseñar
un sistema que realmente ponga al ciudadano en el centro, como beneficiario y
supervisor de la ejecución de las políticas públicas, dejando atrás un
paradigma que desde su inicio estuvo muy lejos de ser una solución eficiente de
los problemas de todos los argentinos.
