El problema con la sanción de las
leyes de reforma judicial, no son las leyes en sí; que por supuesto, son un
paso más en la política de avasallamiento a las garantías a los derechos y las
libertades públicas que este gobierno necesita, para poder alcanzar sus
objetivos políticos; el problema es el día después, que va a pasar cuando las
leyes puedan ser recurridas en los tribunales federales.
¿Cómo juegan en esto las alianzas
políticas gestadas en estos últimos tiempos?, la sanción de leyes en la
legislatura porteña, en un marco de alianza entre kirchneristas y macristas
demuestra que en política todo es relativo, y que quienes dicen ser opositores
a este modelo no lo son tanto, o por lo menos en su construcción de poder, no
demuestran tanta ética, y se queden quietos ante una ley que favorecerá a quien
quiera que sea que este en el poder.
Esta ley que hoy favorece a este ejecutivo,
mañana actuara en favor de quien gane las elecciones, siendo la designación y
remoción de los jueces arbitrio de la mayoría reinante en cada turno electoral.
Esto no es nada nuevo, el
peronismo en cada turno de gobierno, intento lograr manipular la justicia,
mediante la designación de jueces “amigos”, cuando los elegía la comisión de
acuerdos del senado, o cuando se
persiguió a la corte hasta lograr la renuncia de varios de sus miembros,
ampliándola cuando las decisiones pudiesen ser adversas, o promoviendo juicios
políticos a quienes no se disciplinaban, hoy se trata más o menos de lo mismo,
posiblemente los momentos económicos sociales que vienen, serán tan difíciles
que las medidas a tomar necesiten de jueces adictos, como los que otrora convalidaron
las privatizaciones de la era menemista.
Si eventualmente el PRO si
llegase a ser gobierno, también necesitaría de una justicia adicta, porque en
su lógica peronista, es fundamentalmente corporativo y antidemocrático, y
propenso, por no decir adicto a tomar medidas sin admitir cuestionamientos de
ninguna especie, sino lo ocurrido en el Borda es suficiente como muestra.
Además las declaraciones de Macri elogiando lo actuado en el periodo de los
noventa, es suficiente como muestra.
Que la justicia, o mejor dicho,
la administración de justicia debe ser reformada, no es ninguna novedad, pero
las reformas deben ser estudiadas y analizadas en función de aquello que la
sociedad reclama y necesita de ella, no de acuerdo a las necesidades de un
esquema político, cualquiera sea su tendencia.
Lo que esconden todas la
variantes del peronismo es un profundo desprecio por el control constitucional
del ejercicio del poder, nunca admitieron ni Perón, ni Menen, ni Duhalde, Ni
Kirchner, Ni este gobierno, el hecho de poder ser controlados judicial o
administrativamente, y lo hicieron promoviendo la creación de organismos que
terminaron siendo inoperantes en el momento de tomar medidas, tenemos una gran
cantidad de organismos de control cuyos dictámenes no son vinculantes, o sus decisiones
no son de cumplimiento obligatorio creadas solamente para distraer, más que
para solucionar.
La Justicia es el último respaldo
en la defensa de la libertad y las garantías constitucionales, el ciudadano
avasallado en su derecho tiene allí donde acudir, toda nación tiene en la
justicia una reserva moral, alguien que puede, y debe, poner los limites hasta
dónde puede llegar el poder del estado.
Este discreto encanto de intentar limitar las libertades
y el acceso a la justicia, con más o menos éxito, no es nuevo, en muchos países del mundo, gobiernos
tanto de izquierda como de derecha, lo han intentado, la derecha “liberal”,
necesita esto para aplicar su concepto de seguridad jurídica que se trata solo
de permitir que las corporaciones dominantes hagan lo que quieran, sin mucho
cuestionamiento social, como por ejemplo se hizo durante el gobierno
peronista-liberal de Menem, promoviendo una justicia sujeta a los intereses de
una política que dañó profundamente al conjunto de la sociedad. Y la izquierda,
mejor dicho el populismo seudoprogresista, porque, necesita que la imagen de la patria de
bienestar y el estado protector se mantenga a cualquier costo, y evitar cualquier
clase de cuestionamientos a sus políticas restrictivas, por parte de las
minorías, y hasta de las propias mayorías en las que supuestamente se sustentan.
El problema que el “liberalismo”
y la supuesta izquierda, que no es tal, no terminan de comprender que la
libertad es una condición inherente al alma de las personas, y que los errores
que se cometen en el ejercicio del poder, con más o menos complicidades, terminen
por salir a la luz de un modo, u otro, porque es imposible limitar totalmente
esa libertad, e impedir que en algún momento, por alguna grieta aparezca la luz
y la crítica comience a socavar las bases en la que se sustenta el poder.
La justicia es una consecuencia lógica
de la libertad, porque es el hombre en uso de su libertad el que decide que el
funcionamiento de la sociedad democrática y republicana, depende de un balance,
donde la justicia funcione como el órgano que vigila que ese balance social sea
el correcto, y que las libertades de las personas no se vean limitadas o
condicionadas, más allá que lo que la voluntad individual decide ceder, en
beneficio del comun, esto que conforma el tejido social, y mantiene unida a la
sociedad, como un conjunto de individualidades, entrelazadas por un objetivo
colectivo está cristalizado en la Constitución.
La división de poderes, es
fundamental para lograr un correcto balance del gobierno del estado, un poder
que representa a la sociedad, delibera y establece como ley aquello que la
sociedad representada, quiere y necesita, el poder ejecutivo que administra los
servicios, bienes sociales, ejecuta aquellas acciones necesarias como para
asegurar la vida en una sociedad sin mayores conflictos, el poder judicial a quien corresponde nada
menos que el control constitucional del gobierno, debe corregir los excesos y
los errores, que además es el que menos errores puede cometer, porque tiene en
sus manos la responsabilidad de restablecer el balance social, cuando este se
rompe, restablecer el normal funcionamiento de las relaciones entre los
individuos, cuando se alteran y de las relaciones sociales entre el gobierno
del estado y la sociedad cuando por alguna razón el estado, intenta avasallar
alguna libertad.
La justicia es en quien se
deposita la confianza de administrar las garantías de la libertad, de los
derechos individuales, la que tiene por función principal, velar porque ningún
derecho consagrado por la constitución pueda ser avasallado por el gobierno del
estado, pero también, que los ciudadanos cumplan con las obligaciones para con
el estado, que la vida en sociedad normal, merece que se cumplan.
Por eso la justicia debe ser
independiente de cualquier poder del estado, y de cualquier poder privado, y
debe velarse porque esta independencia se conserve y se asegure, no quiere
decir esto que los miembros de la justicia deban tener prerrogativas especiales
por sobre el resto de la sociedad, pero sí que se asegure que su funcionamiento
no estará condicionado por presiones, políticas, o económicas, que alteren su
autonomía.
Solo por esto, y anta la mera
sospecha que una ley pueda tener como consecuencia, una alteración de la
independencia del poder judicial, no puede ser aprobada; si además esta ley
permite que la designación y remoción de los jueces sea condicionada por el
poder político, amparado en una ley que puede perjudicar el balance de poderes,
y la tarea vigilante y reparadora de la justicia, no puede ser aprobada, y ni
siquiera tratada por el congreso.
La democratización de la justicia
pasa por otro lado, lo primero que debe hacerse en la argentina, antes que
sancionar leyes que permitan manipular la justicia, o por lo menos presionar
sobre ella para conseguir algún beneficio acorde con la necesidad del poder, es
en primer lugar cumplir con lo que exige la constitución, JUCIO POR JURADOS,
para que la sociedad sea protagonista en el proceso de administración de
justicia, y de una vez por todas se permita que la sociedad suma el rol que le
corresponde, y que se ha ganado a lo largo de estos años, demostrando que está
más que madura para hacerlo.
Por eso la sociedad debe resistir
cualquier cambio que se intente hacer, si este no comienza con el cumplimiento
de la constitución, cualquier modificación será un mamarracho, un parche sin
sentido que lo único que conseguirá será agravar más el panorama.
No sé si tengo razón,
posiblemente pueda estar equivocado, pero recuerdo que alguna vez, el
presidente Illia, manifestó la importancia de la independencia del poder
judicial, y que sería bueno que alguna vez un presidente pudiera ser juzgado,
para que nadie crea que desde el poder se puede ser infalible.
Queda nuevamente en manos de la Justicia resolver esto, la ley podrá ser recurrida, y corresponderá a la justicia determinar si es, o nó, inconstitucional, si este intento de limitar la Justicia, que no es otra cosa que ponerle limites a la libertad, procede o nó, y quedara al desnudo verdadera intencionalidad del los partidos políticos, al ver quienes son los que se presenten a solicitar la inconstitucionalidad de la ley, si esto no ocurriera y la ley se sancionara con sus mas y sus menos, será que, en el fondo, nuestros representantes no dejaron de ser seducidos por la idea de poder manipularla, si es que llegan al poder.
A la limitación y el condicionamiento a la justicia, siguen las libertades individuales, el cercenamiento de los derechos, y por último la tiranía, es hora que la sociedad comprendamos todos, que el gobierno debe ser ejercido por gobernantes, y que como ciudadanos tenemos una responsabilidad de contribuir a gobernarnos, y dejemos de una vez por todas de poner mandones en el poder.
