El año 2013 promete no solo será un año electoral, parece
que va a ser tambien, el año de la Justicia, donde todos pondrán en tela de
juicio el resultado de las acciones judiciales y el régimen intentara imponer
su tan mentada “democratización de la Justicia”, que no sabemos muy bien de que
se trata.
Posiblemente sea la elección de los jueces por el voto
directo, o la creación de un sistema plebiscitario de las decisiones
judiciales, o el sometimiento de las sentencias a “encuestas de opinión” para
su confirmación , o la creación de tribunales populares, vaya a saber uno que
idea tienen de la “Democratización de la Justicia”.
En un sistema de división de poderes, la justicia cumple el
papel de equilibrar la balanza de poder, y ejercer el control constitucional
del estado, es decir que vela por la constitucionalidad de la ley, y garantiza
su correcta aplicación e interpretación. Tal es así que el derecho a la
libertad se garantiza con el Habeas Corpus, o el derecho de los particulares
ante los abusos por parte del estado, con el recurso de amparo, para no abundar
en más explicaciones.
Hace años que la justicia en la argentina está en
entredicho, sobre todo después que en los años 90 se avasalló el poder
judicial, elevando el número de miembros para tener una justicia acorde con las
necesidades del poder de ese entonces, sometiendo a la voluntad política de
unos pocos miembros del parlamento el nombramiento de los magistrados, creando así
un sistema perverso de designación que incorporo al poder judicial a hombres
que, lejos de sostener el interés común por sobre todo, eran en muchos casos
delegados del poder político, o de alguna empresas interesadas en obtener
beneficios de la justica, cuyo compromiso con la ley y la sociedad de donde
emergieron, no solo era mínimo sino inexistente, obviamente que no fue así en
todos los casos, se dejaron pasar a algunos para no alertar tanto a la sociedad
de lo que ocurría.
La dudosa actuación, al frente de la comisión que confirmaba
los pliegos, de un Senador de Catamarca que paseaba por las nubes de Úbeda, son
la mejor demostración de lo que digo.
Es indudable que la designación de los actuales miembros de la
corte, y la forma en la que se actuó, llenó de satisfacción, a muchos
ciudadanos (como en mi caso), porque ponía una manto de transparencia, sobre lo
que podía ser la administración de justicia en nuestro país; y aunque muchos
alzaron su voz, porque según decían, implicaba que en los casos más resonantes
se iba a imponer el interés del gobierno por sobre el de la nación; parece que
no ha sido así, y los que antes atacaban a la corte hoy defienden a sus
miembros, y quienes los defendían hoy los atacan, caso curioso, pero bien
argentino.
Ante esa defección de los administradores de justicia hoy,
se plantea esa democratización con una teatralidad que hace enrojecer al mejor
director del teatro nacional.
El problema de fondo nace con esta práctica de designar
jueces de acuerdo con el interés que se persigue, y como gran parte de la ley
es manipulable a través de problemas procedimentales, escritos en códigos muchas
veces confusos a la luz del hombre común, cuando no ininteligibles, pueden
hacer aquello que les place de acuerdo con el interés del más poderoso
involucrado en la controversia, escondiendo su parcialidad detrás de errores de
procedimientos, desmereciendo la independencia de criterio con que los jueces
deben conducirse, y olvidándose del supremo interés de la nación, que no es el interés
del gobierno, sino el del pueblo que la conforma, destinatario final de todo
acto de justicia.
Es Obvio, y no soy un inocente, que todo aquel que recurre a
la justicia para resolver una cuestión lo hace en el nombre de un interés que
ve afectado, de un derecho que considera avasallado, o de una propiedad que considera
que ha sido violada; y por eso la posición independiente de un juez es
primordial para la mejor resolución de las controversias, cuando esto no
ocurre, cuando la balanza pierde el equilibrio es cuando la justicia cae en entredicho.
La verdad es que La justicia debe ser democratizada, pero no
en la forma que el gobierno plantea, sino que se debe aplicar la constitución para
hacerlo, consagrando definitivamente el juicio por jurados en la argentina,
pero no sola para algunos delitos especiales, como el caso de Marita Verón,
sino para todos los delitos complejos o no que deban ser sometidos a decisión judicial,
incluyendo aquellas causa que involucren a funcionarios o representantes.
Esa es la única forma de democratización posible, porque un
jurado compuesto por ciudadanos comunes “representa”, el pensamiento de la
sociedad frente a determinadas cuestiones, y no permitiría que la libertad de
un delincuente, por ejemplo, se esconda detrás de una serie de tecnicismos
legales que muchos jueces atienden antes que el fondo de las cuestiones
importantes que se deben debatir en el ámbito judicial.
Nadie mejor para decidir culpabilidad o inocencia que la
propia ciudadanía, que no es cierto que no esté madura para hacerlo, puede ser
que no conozca los vericuetos legales, pero no conozco a ningún ciudadano que
no sepa que es lo que quiere de un sistema judicial, o cual debe ser el sentido
que debe tener la justicia.
Hay muchas cuestiones sobre las que los ciudadanos deben
poder decidir sobre culpabilidad o inocencia, desde las cuestiones de discriminación,
los avasallamientos del poder, el mal desempeño de las funciones públicas, y
los delitos complejos, si un pueblo estuvo maduro para que lo llevaran a una
guerra, para soportar la más feroz represión que recuerda la historia, el
despojo realizado a la nación por muchos de sus gobernantes, también está
maduro para poder tomar decisiones cruciales para la vida en sociedad.
La única democratización de justicia posible es esa, no hay
otra, porque de cualquier otra forma siempre veremos burlados los intereses de
la nación, en manos de quienes ostentan mayor poder, descarada y
desembozadamente.
Carlos Gowland
